Con motivo de los últimos debates nacionales (los Londoño vs. los Cepeda?) intento aportar mi opinión que espero sea de alguna utilidad. Parto de una contestación a la columna: El colectivo de abogados y sus jefes extranjeros, por Eduardo Mackenzie.
La pulpa
Tampoco me pareció un acierto, desde la óptica política, el demandar al expresidente Uribe por traición a la patria. Legalmente tampoco es muy clara la demanda.
La pepa: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa
Empieza criticando la acusación de traición a la patria por parte del Colectivo José Alvear Restrepo. Con esto gana la simpatía de muchos. Acto seguido pretende que con el mismo criterio (político) demos la espalda a la investigación sobre los "falsos positivos" y a la tortura y posterior asesinato por parte de militares a sospechosos de la toma del palacio de justicia (por no mencionar las graves inconsistencias en lo acontecido al magistrado Carlos Horacio Urán).
Criterios selectivos
Según nos convenga seleccionamos el tipo de argumento, ya sea ético, político o legal. Por ejemplo cuando no tenemos la razón legal apelamos a la razón ética (o política) y viceversa. En esta práctica tendemos a caer todos los que nos animamos a opinar con "argumentos".
En el siguiente párrafo explico porque prefiero el argumento legal en el caso de las acciones del Colectivo. No es que los argumentos políticos y éticos no deban cuestionar a la ley, pero creo que hay que procurar canales apropiados para tramitar dichos cuestionamientos (para ello están, por ejemplo, las reformas legislativas).
Más que destruir el conflicto hay que deconstruirlo
El objetivo es acabar con la violencia armada como medio para satisfacer ambiciones políticas. Hay dos caminos: i) construir consenso o ii) construir medios civilizados para el disenso. Cuando se cuestiona a la ley, por no ser "políticamente correcta", ésta pasa de ser una máquina al servicio del disenso civilizado a ser una máquina al servicio del consenso politizado. La guerrilla también participa de esta farsa practicando los criterios selectivos; sus actos violentos son justificados políticamente (o al menos eso pretenden), mientras que sin el menor pudor lanzan una ofensiva jurídica contra el estado colombiano. Pero que hacer frente a la estrategia de "todas las formas de lucha"? Creo yo que la solución es subordinar la dialéctica izquierda-derecha a una mucho más importante: violencia armada-ley. Porque en la primera podemos disentir, pero en la segunda no. Solo puede haber una apuesta: el imperio de la ley. Y no cualquier "ley"; una ley imparcial, la corrección política debe hacerse en el congreso no en la judicatura. Incluso si esto implica aceptar en ocasiones (que no siempre) decisiones legales que pueden interpretarse como una ignominia política.
Lo bueno de los "malos"
Cuando se logra encauzar el conflicto por los canales de la ley, el enemigo político se convierte en nuestra conciencia. El conflicto legal es el autocontrol de una sociedad. El Colectivo puede tener una afinidad ideológica con el radicalismo de izquierda pero no por ello debemos desestimar todas sus campañas jurídicas. Algunas son bienvenidas ("falsos positivos") y probablemente muchas no verían la luz sino fuese por ese radicalismo que las motiva, pero que debe permanecer encauzado en la ley. El expresidente Uribe era considerado un lider político para las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero esto por sí solo, no lo convierte en un paramilitar. De hecho, ignorando por un momento los cuestionamientos legales de su administración, su exitosa apuesta en la democracia como medio para el poder contribuyó a la desmovilización de las AUC (más fueron los que quisieron pescar en río revuelto, pero en su momento Carlos Castaño, que sí picaba el cebo ideológico, lideró el proceso de desmovilización). Se trata pues de no castigar a los medios civilizados cuando son una herramienta para los actores del conflicto. Otra cosa es que se pruebe que las prácticas legales, no eran tales y que esconden, no intereses cuestionables (que bien pueden tenerlos), pero prácticas ilegales. Finalmente, sé que este discurso padece de las debilidades de toda apuesta legalista; entre otras, exige una voluntad de justicia por parte de los administradores de la ley. En ese sentido son necesarios los mecanismos para ejercer control sobre la judicatura, es solo que no podemos pretender que el control esté a cargo de los judicializados. Cierro con este mensaje: frente a las decisiones judiciales, ya sean las demandas del Colectivo, o de Uribe o sobre el holocausto del Palacio de Justicia, la palabra más importante es la palabra menuda, la de los eventos concretos, la de la evidencia empírica. Los discursos históricos e ideológicos en un estrado, y en especial en un juicio penal, suelen ser sofismas de distracción.
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